Un mes viviendo en la calle

Una anciana y sus tres hijas llevan casi un mes viviendo en la calle. Servicios Sociales, que les dio alojamiento durante 25 días, sigue estudiando su caso






Bajo los árboles del bulevar de Cea Bermúdez, en pleno barrio de Chamberí -uno de los más ricos de la ciudad-, vive una familia desahuciada desde hace casi un mes. Aurora, de 49 años, da de comer a su madre Carmen, una anciana de 77 años encorvada y enferma del corazón. Sus otras dos hijas, Rosa (45) y Antonia (44) que es medio ciega, esperan resignadas a la sombra. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid les acogieron en centros sociales, pero a los 25 días les dieron de baja y desde entonces viven en la calle. .

La familia vivía en una portería en la calle O´Donnell, pero al fallecer el marido de Carmen, que era el encargado, tuvieron que vender el piso y alquilar otro más asequible en la calle Pablo Iglesias. Cuando llegó la crisis, Aurora y Carmen perdieron sus trabajos y tuvieron que dejar de pagar. El casero les denunció y fueron desalojadas. Desde entonces están a la espera de que se les conceda un alquiler social, una solución que no llega.

“Solo pedimos un piso que podamos pagar, unos 400 euros mensuales” se queja Carmen. Sus ingresos –la pensión de viudedad de 600 euros de Carmen y la de invalidez de 320 euros que cobra Antonia por su ceguera- ni llegan a los 1000 euros. No les llega para pagar el aval y el depósito que piden los alquileres de la capital.

El Ayuntamiento de Madrid se puso en contacto con la familia para ayudarles a conseguir un piso, pero los trámites son lentos. “Tenemos que entregar muchos papeles, el informe de la policía etc. Y con todo eso, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) determina si tenemos derecho a una vivienda de protección social o no”, explica Aurora. Pero el IVIMA, que es el mayor promotor público de viviendas de España, no parece tener mucha prisa para sacar a esta familia de la calle. “Nos han dicho que, en principio, nuestro expediente está bastante bien, pero no sabemos cuánto tardarán”.

Mientras el Ayuntamiento estudia su caso, la familia lleva casi un mes ocupando el bulevar. Duermen en un soportal cercano y se lavan en los baños públicos de Alvarado (50 céntimos por persona). Los vecinos les traen comida y les apoyan. “Por ahora no nos ha pasado nada malo, pero pasamos mucho miedo por las noches”, comenta Carmen. Hasta que el Ayuntamiento no les facilite un alquiler asequible, la familia seguirá en la calle.

“Antes muerto que separado de mis hijos”

Los desahucios amenazan la unidad de las familias. La Consejería de Asuntos Sociales ofrece alojar a los hijos en casas de acogida. Una veintena de desalojos han sido aplazados hasta la finalización del curso escolar.




El dominicano Ronale de la Cruz, de 48 años, es un ejemplo de lucha. Así lo sienten los amenazados por desahucios que se reúnen cada martes en el local de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), situado en la calle Bocangel 2 (Ventas) para organizar nuevas acciones contra los desalojos.

Su historia se hizo pública en febrero: “El día 9 salí en los periódicos como si fuera un actor ¡Coño chico! Parecía un comando, había decenas de agentes, teníamos las de perder”, cuenta con una sonrisa pletórica. Esa mañana varios furgones de antidisturbios acudieron a su casa de Villaverde para desalojar a su familia. Desde que perdió el trabajo en 2009, Ronale no pagaba la hipoteca que había contraído con Bankia. De La Cruz llevaba dos años en paro y apenas podía mantener a su familia. No podía ni pagar las excursiones del colegio a sus dos hijas pequeñas, matriculadas en el concertado Nuestra Señora del Carmen, situado en frente de su casa. Cuando la policía estaba a punto de entrar en el edificio, los indignados de la PAH bloquearon el portal e impidieron el paso a los agentes y a la comisión judicial enviada por el banco. Pero fue la mediación de la directora del colegio, Sor Inmaculada -bautizada por el 15M como la monjaflauta- la que convenció a la comisión judicial de aplazar el desahucio hasta el fin del curso escolar. Gracias a ella, sus hijos podrán finalizar su curso. Y hasta el 9 de julio tendrán casa.





Desde ese día Ronale de la Cruz se unió de lleno a la causa. Desde febrero asiste a todos los desahucios que puede para apoyar a las familias amenazadas de desalojo y para tratar de organizarlos. De la Cruz fue el primer caso aplazado hasta el fin de curso y gracias a su ejemplo la PAH, que ya han paralizado más de 230 desahucios en toda España, reivindica en cada nuevo desalojo que se respete la asistencia de los hijos al colegio. Lo han conseguido en una veintena de ocasiones, según afirma Rafael Mayoral, abogado de la plataforma. “Poco a poco las entidades están empezando a aceptar el aplazamiento de los desahucios hasta finalizar el curso escolar, porque supone un gran obstáculo en el proceso educativo de los alumnos”, comenta.

Como consecuencia de estos aplazamientos, a partir del 30 de junio una veintena de familias podrían estar en la calle. Esta acumulación de desahucios puede dificultar la actuación de la PAH, que suele congregar a unos 30 indignados y afectados en cada caso de desalojo. Ni Bankia, ni el Ayuntamiento ni su Conserjería de Asuntos Sociales han dado ninguna explicación.

El nerviosismo y la incertidumbre crecen en las familias. ¿Qué harán si son expulsados de su casa? La mayoría de los consultados se niegan a ocupar ilegalmente una casa. “Sería un infierno tener que estar viviendo con miedo a que nos vuelvan a echar. La recaída sería peor”, comenta la ecuatoriana Teresa Margot, cuyo desahucio está pre-visto para comienzos de julio. Los afectados prefieren intentarlo por la vía legal, pero la solución que les ofrece Asuntos Sociales es demasiado dolorosa: el internamiento de sus hijos en casas de acogida.

La marroquí Hayat M., cuyo piso de Carabanchel puede ser desahuciado el 9 de julio, afirma que la asistenta social le amenazó con llevar a su hija de 6 años a una casa de acogida de menores con problemas. “Me dijeron que me estarían vigilando por si dejo a mis hijos desatendidos. No volví a contactar con Asuntos Sociales nunca más”, comenta Hayat.

Marisol, ecuatoriana de 35 años amenazada de desahucio en la misma fecha que Hayat, afirma que acudió a la oficina de Asuntos Sociales para pedir ayuda. “Me recomendaron dejar a mis dos niños de 5 y 2 años en una casa de acogida. Pero yo prefiero mil veces perder la casa a perder a mis hijos”.

Este periodista consultó con las casas de acogida gestionadas por los colectivos Aldeas Infantiles y el Instituto del Menor (dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales). Ambos aseguraron que no han acogido aún a ningún hijo de desahuciados, pero creen posible que esto ocurra. “Si los padres son tan irresponsables como para vivir en la calle, Asuntos Sociales pueden quitarles la custodia y enviárnosles”, comenta Gracia Escudero, de Aldeas Infan-tiles. El régimen de estas casas de acogida es muy estricto, ya que están especializadas en tratar a menores aban-donados y víctimas de maltratos. “Los padres pueden visitar a sus hijos una vez por semana con la presencia de un educador, incluso a veces pueden venir dos días”, comenta Pilar, del Instituto del Menor.
Fuentes del Samur Social, otro servicio de asistencia a familias necesitadas dependiente del Ayuntamiento, afirman que disponen de centros para acoger a toda una familia sin necesidad de separar a sus miembros. Pero la práctica demuestra lo contrario: la familia de Carmen Castilla, anciana enferma de 77 años, fue desahuciada de su piso en abril junto a sus tres hijas. El Samur Social acogió a la familia durante 25 días tras los cuales les dio de baja. Llevan un mes viviendo en la calle.

Lo que sucederá a primeros del mes de julio es una incógnita. “Puede ser una tragedia o una revolución” comenta Ronale. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta mantiene una amplia sonrisa en la cara. Pero cuando se le pregunta por el futuro de sus hijos en el caso de verse en la calle cambia el semblante. ¿Aceptaría que fueran alojados en una casa de acogida? Un largo silencio, el primero en la conversación, se apodera del salón de su casa. Parece que ni se atreve a pensar en ello. “No… no, no, no”, responde al fin, “Antes muerto que separado de mis hijos”.




Reunión de los afectados por desahucio en el local de la PAH.

El 15M, un superhéroe colectivo contra los desahucios

Un año después, el movimiento de los indignados ha conseguido parar más de 200 desalojos. En la semana de su aniversario se enfrentan a nueve

Desde el balcón de su casa, los ecuatorianos Gonzalo y Teresa observan nerviosos la carretera. No han dormido en toda la noche. Llevan desde las ocho de la mañana esperando la llegada de los policías que les echarán para siempre de su casa, un piso segundo de la calle de Carcastillo, en el popular barrio madrileño de Pan Bendito, al sur de Madrid. A las 11:30 ven llegar dos vehículos, en uno está la comisión judicial, el otro es un coche patrulla con dos agentes dispuestos a efectuar el desahucio. Gonzalo parpadea nervioso y solloza mientras baja las escaleras corriendo. Pero no todo está perdido: en la calle más de 70 militantes del 15M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) taponan la acera y el portal al grito de: “Este desahucio lo vamos a parar”.

El barrio vive momentos de tensión. Mientras la comisión judicial negocia con Javier Rubio, abogado voluntario de la PAH, los indignados bloquean el acceso y no dejan de corear. Diez minutos después, Rubio da la mano a los policías, se vuelve y guiña el ojo a la pareja de ecuatorianos. “Lo hemos conseguido”, dice. Todo el mundo aplaude y grita emocionado. Gracias al 15M, la comisión judicial ha aceptado aplazar el desalojo un mes y medio. Luis Gonzalo, visiblemente emocionado, agarra un altavoz y grita: “Muchas gracias a todos. Yo estaré en el próximo desahucio para ayudar a los que vienen detrás. Estaremos juntos en esta lucha. Y unidos venceremos”.

Gonzalo firmó una hipoteca en 2005 con el banco Santander, cuando ganaba 1.300 euros mensuales como carpintero. Aunque no tenía contrato de trabajo, le dieron todo tipo de facilidades para pagar el préstamo. Desde entonces comparte el piso (de 87 metros cuadrados, valorado en 218.000 euros) con su mujer Teresa y su sobrina, que hace seis meses dio a luz a un bebé. Al principio pagaban 800 euros mensuales, pero la letra comenzó a subir de precio: de 800 euros a 900, y finalmente a 1.400. En 2008 Gonzalo perdió su trabajo y dejó de pagar la renta. Debe más de 100.000 euros al banco.

La Unión de Créditos Inmobiliarios del Grupo Santander llevó el caso a los tribunales. Teresa narra indignada las innumerables llamadas con amenazas que recibió de parte de Reintegra, la empresa de recobro del banco: “Me dijeron que me dejarían en la calle, que nos denunciarían y que nos excluirían de la sociedad”. El Santander contrata a esta asesoría de recobro que emplea a actores para simular agresividad en las conversaciones e intimidar a los hipotecados que han dejado de pagar. “Nos presionan para que les atemoricemos hasta el límite de lo moral” comenta Daniel, actor, contratado como teleoperador de recobro de morosidad. Daniel, que no quiere dar su apellido, mostró a este periódico el argumentario utilizado por la empresa, en el que los agentes como él deben leer las amenazas a los endeudados: “Cualquier bien que posea será embargado y vendido o adjudicado por nuestro banco y usted será incluido en los ficheros de morosidad. Teniendo en cuenta estas graves consecuencias ¿no cree que debería realizar un esfuerzo mayor para pagar su deuda?”.

En 2009, sin conseguir que la pareja arruinada pagara su deuda, el Santander adquirió la vivienda en subasta judicial. La fecha del desalojo se fijó para el lunes siete de mayo de 2012. Todo parecía perdido para ellos, pero 15 días antes de la fecha, gracias a un conocido del barrio, Teresa se puso en contacto con el 15M y con la PAH. Desde entonces la familia cuenta con una ayuda y un asesoramiento imprevisto. Militantes voluntarios y otros afectados por desahucios protegen a la pareja, les asesoran y se enfrentan a la policía para evitar que se queden en la calle. Gracias a ellos el desalojo se ha aplazado un mes y medio. En ese tiempo, van a intentar que el banco conceda a la familia el alquiler social, una renta a precio asequible que algunas entidades conceden a personas afectadas por la crisis.
Gonzalo está en paro y cobra 425 euros mensuales de subsidio. Teresa, que tiene una minusvalía del 45% por una dolencia en las cervicales, gana 380 euros como limpiadora a media jornada. De momento tienen un respiro. Pero en un mes y medio podrían estar en la calle. “Al segundo intento, vienen con lecheras y antidisturbios” advierte el abogado de la PAH.

Los héroes anónimos de la lucha contra los desahucios

Entre el tumulto de gente que rodea a Gonzalo y Teresa para felicitarles, se encuentran rostros comunes en la lucha contra los deshaucios como Feli, militante del 15M y dirigente de la PAH y la búlgara Tatyana Roeva, la primera amenazada de desahucio en Madrid a cuyo rescate acudió el 15M el 15 de junio de 2011. A Tatyana y a su pareja el BBVA les ofreció un préstamo de 215.000 euros a pagar en 37 años a pesar de que ninguno de los dos tenía nómina. Gracias a la presión de los indignados, la entidad les concedió la dación en pago: les condonó el total de la deuda con la condición de que abandonaran inmediatamente la casa. Hoy Tatyana es una líder del movimiento y ejerce de psicóloga de la PAH en Madrid. "Y no se pierde un deshaucio", comentan sus compañeros.

El peruano Jorge de la Cruz también acude a felicitar a la pareja. Él se hipotecó con el Banco Santander en 2005 aceptando pagar 650 euros mensuales. Al igual que en el caso de Gonzalo y Teresa, el Santander subió la letra hasta 1200 euros. Jorge se quedó sin trabajo y dejó de pagar. Finalmente, en febrero de 2012, el banco negoció con Jorge y le permitió quedarse en el piso como inquilino pagando 500 euros mensuales. Desde entonces apoya a los afectados por la hipoteca y asiste a los “bloqueos humanos” de los indignados porque, como afirma “es la única forma de que el banco nos escuche”.

Desde noviembre de 2010 hasta mayo de 2011, la PAH había conseguido impedir 10 desahucios. Pero fue el impulso del 15M lo que les ha llevado a repetir el modus operandi que “asegura una dinámica de victoria” en palabras de Adriá Alemany, economista y miembro de la PAH de Cataluña. El grito de guerra que la PAH usó en Cataluña se repite en cada nuevo desahucio impedido: “Sí, se puede”, una adaptación del Yes we can de Obama. “Podemos parar los desahucios con la resistencia pacífica”, corean los voluntarios en un altavoz. Y tienen razón; ya han parado más de 200 en toda España.

El abogado de la pareja ecuatoriana, Javier Rubio, explica que las ejecuciones hipotecarias responden a una estrategia calculada de las entidades financieras que concedieron hipotecas a sectores vulnerables de la sociedad. “Los bancos sabían que esta gente no podría pagar, pero les daba igual”. Según Rubio, los bancos hacen un negocio vendiendo casas muy caras y dando todo tipo de facilidades de pago, porque les respalda la Ley Hipotecaria, según la cual, si el deudor no puede pagar al banco, este se hará con la vivienda pagando solo el 50% de su valor, mientras que el desahuciado se queda con una deuda perpetua que nunca podrá pagar. “Cuanto más hipotecas firman y mayor es la tasación de las viviendas, mayor es el paquete de deuda titulizada que colocan en los mercados y mayor es el capital que captan” explica.

Esta semana, que coincide con la celebración del aniversario del 15M, ha sido especialmente dura. Había 9 desahucios programados a los que los indignados hicieron frente. Solo uno se ha llevado a cabo. Desde que en 2007 estalló la crisis, más de 350.000 familias han sido víctimas de un procedimiento de desahucio. Pero desde el 15 de mayo de 2011, los bancos son conscientes de que su reputación está siendo muy perjudicada por las imágenes de los desahucios y la aparición en la prensa de las historias personales de las familias afectadas.

El banco Santander ha refinanciado más de 40.000 operaciones por un valor de 4200 millones de euros. La opción de alquilar el piso por un precio acorde a los ingresos del inquilino cada vez se utiliza más. Para Rafael Mayoral, abogado voluntario de la PAH, el aumento de estos alquileres se debe a la movilización social. Pero sólo las familias que denuncian su situación y contactan con el 15M y la PAH obtienen la ayuda necesaria para hacer frente al desahucio. El resto siguen siendo atemorizados por las amenazas de las empresas de recobro y en muchos casos expulsados de sus casas por la policía. Para quienes lo han perdido todo, la indigencia y la mendicidad es el único futuro.