Un año después, el movimiento de los indignados ha conseguido parar más de 200 desalojos. En la semana de su aniversario se enfrentan a nueve
Desde el balcón de su casa, los ecuatorianos Gonzalo y Teresa observan nerviosos la carretera. No han dormido en toda la noche. Llevan desde las ocho de la mañana esperando la llegada de los policías que les echarán para siempre de su casa, un piso segundo de la calle de Carcastillo, en el popular barrio madrileño de Pan Bendito, al sur de Madrid. A las 11:30 ven llegar dos vehículos, en uno está la comisión judicial, el otro es un coche patrulla con dos agentes dispuestos a efectuar el desahucio. Gonzalo parpadea nervioso y solloza mientras baja las escaleras corriendo. Pero no todo está perdido: en la calle más de 70 militantes del 15M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) taponan la acera y el portal al grito de: “Este desahucio lo vamos a parar”.
El barrio vive momentos de tensión. Mientras la comisión judicial negocia con Javier Rubio, abogado voluntario de la PAH, los indignados bloquean el acceso y no dejan de corear. Diez minutos después, Rubio da la mano a los policías, se vuelve y guiña el ojo a la pareja de ecuatorianos. “Lo hemos conseguido”, dice. Todo el mundo aplaude y grita emocionado. Gracias al 15M, la comisión judicial ha aceptado aplazar el desalojo un mes y medio. Luis Gonzalo, visiblemente emocionado, agarra un altavoz y grita: “Muchas gracias a todos. Yo estaré en el próximo desahucio para ayudar a los que vienen detrás. Estaremos juntos en esta lucha. Y unidos venceremos”.
Gonzalo firmó una hipoteca en 2005 con el banco Santander, cuando ganaba 1.300 euros mensuales como carpintero. Aunque no tenía contrato de trabajo, le dieron todo tipo de facilidades para pagar el préstamo. Desde entonces comparte el piso (de 87 metros cuadrados, valorado en 218.000 euros) con su mujer Teresa y su sobrina, que hace seis meses dio a luz a un bebé. Al principio pagaban 800 euros mensuales, pero la letra comenzó a subir de precio: de 800 euros a 900, y finalmente a 1.400. En 2008 Gonzalo perdió su trabajo y dejó de pagar la renta. Debe más de 100.000 euros al banco.
La Unión de Créditos Inmobiliarios del Grupo Santander llevó el caso a los tribunales. Teresa narra indignada las innumerables llamadas con amenazas que recibió de parte de Reintegra, la empresa de recobro del banco: “Me dijeron que me dejarían en la calle, que nos denunciarían y que nos excluirían de la sociedad”. El Santander contrata a esta asesoría de recobro que emplea a actores para simular agresividad en las conversaciones e intimidar a los hipotecados que han dejado de pagar. “Nos presionan para que les atemoricemos hasta el límite de lo moral” comenta Daniel, actor, contratado como teleoperador de recobro de morosidad. Daniel, que no quiere dar su apellido, mostró a este periódico el argumentario utilizado por la empresa, en el que los agentes como él deben leer las amenazas a los endeudados: “Cualquier bien que posea será embargado y vendido o adjudicado por nuestro banco y usted será incluido en los ficheros de morosidad. Teniendo en cuenta estas graves consecuencias ¿no cree que debería realizar un esfuerzo mayor para pagar su deuda?”.
En 2009, sin conseguir que la pareja arruinada pagara su deuda, el Santander adquirió la vivienda en subasta judicial. La fecha del desalojo se fijó para el lunes siete de mayo de 2012. Todo parecía perdido para ellos, pero 15 días antes de la fecha, gracias a un conocido del barrio, Teresa se puso en contacto con el 15M y con la PAH. Desde entonces la familia cuenta con una ayuda y un asesoramiento imprevisto. Militantes voluntarios y otros afectados por desahucios protegen a la pareja, les asesoran y se enfrentan a la policía para evitar que se queden en la calle. Gracias a ellos el desalojo se ha aplazado un mes y medio. En ese tiempo, van a intentar que el banco conceda a la familia el alquiler social, una renta a precio asequible que algunas entidades conceden a personas afectadas por la crisis.
Gonzalo está en paro y cobra 425 euros mensuales de subsidio. Teresa, que tiene una minusvalía del 45% por una dolencia en las cervicales, gana 380 euros como limpiadora a media jornada. De momento tienen un respiro. Pero en un mes y medio podrían estar en la calle. “Al segundo intento, vienen con lecheras y antidisturbios” advierte el abogado de la PAH.
Los héroes anónimos de la lucha contra los desahucios
Entre el tumulto de gente que rodea a Gonzalo y Teresa para felicitarles, se encuentran rostros comunes en la lucha contra los deshaucios como Feli, militante del 15M y dirigente de la PAH y la búlgara Tatyana Roeva, la primera amenazada de desahucio en Madrid a cuyo rescate acudió el 15M el 15 de junio de 2011. A Tatyana y a su pareja el BBVA les ofreció un préstamo de 215.000 euros a pagar en 37 años a pesar de que ninguno de los dos tenía nómina. Gracias a la presión de los indignados, la entidad les concedió la dación en pago: les condonó el total de la deuda con la condición de que abandonaran inmediatamente la casa. Hoy Tatyana es una líder del movimiento y ejerce de psicóloga de la PAH en Madrid. "Y no se pierde un deshaucio", comentan sus compañeros.
El peruano Jorge de la Cruz también acude a felicitar a la pareja. Él se hipotecó con el Banco Santander en 2005 aceptando pagar 650 euros mensuales. Al igual que en el caso de Gonzalo y Teresa, el Santander subió la letra hasta 1200 euros. Jorge se quedó sin trabajo y dejó de pagar. Finalmente, en febrero de 2012, el banco negoció con Jorge y le permitió quedarse en el piso como inquilino pagando 500 euros mensuales. Desde entonces apoya a los afectados por la hipoteca y asiste a los “bloqueos humanos” de los indignados porque, como afirma “es la única forma de que el banco nos escuche”.
Desde noviembre de 2010 hasta mayo de 2011, la PAH había conseguido impedir 10 desahucios. Pero fue el impulso del 15M lo que les ha llevado a repetir el modus operandi que “asegura una dinámica de victoria” en palabras de Adriá Alemany, economista y miembro de la PAH de Cataluña. El grito de guerra que la PAH usó en Cataluña se repite en cada nuevo desahucio impedido: “Sí, se puede”, una adaptación del Yes we can de Obama. “Podemos parar los desahucios con la resistencia pacífica”, corean los voluntarios en un altavoz. Y tienen razón; ya han parado más de 200 en toda España.
El abogado de la pareja ecuatoriana, Javier Rubio, explica que las ejecuciones hipotecarias responden a una estrategia calculada de las entidades financieras que concedieron hipotecas a sectores vulnerables de la sociedad. “Los bancos sabían que esta gente no podría pagar, pero les daba igual”. Según Rubio, los bancos hacen un negocio vendiendo casas muy caras y dando todo tipo de facilidades de pago, porque les respalda la Ley Hipotecaria, según la cual, si el deudor no puede pagar al banco, este se hará con la vivienda pagando solo el 50% de su valor, mientras que el desahuciado se queda con una deuda perpetua que nunca podrá pagar. “Cuanto más hipotecas firman y mayor es la tasación de las viviendas, mayor es el paquete de deuda titulizada que colocan en los mercados y mayor es el capital que captan” explica.
Esta semana, que coincide con la celebración del aniversario del 15M, ha sido especialmente dura. Había 9 desahucios programados a los que los indignados hicieron frente. Solo uno se ha llevado a cabo. Desde que en 2007 estalló la crisis, más de 350.000 familias han sido víctimas de un procedimiento de desahucio. Pero desde el 15 de mayo de 2011, los bancos son conscientes de que su reputación está siendo muy perjudicada por las imágenes de los desahucios y la aparición en la prensa de las historias personales de las familias afectadas.
El banco Santander ha refinanciado más de 40.000 operaciones por un valor de 4200 millones de euros. La opción de alquilar el piso por un precio acorde a los ingresos del inquilino cada vez se utiliza más. Para Rafael Mayoral, abogado voluntario de la PAH, el aumento de estos alquileres se debe a la movilización social. Pero sólo las familias que denuncian su situación y contactan con el 15M y la PAH obtienen la ayuda necesaria para hacer frente al desahucio. El resto siguen siendo atemorizados por las amenazas de las empresas de recobro y en muchos casos expulsados de sus casas por la policía. Para quienes lo han perdido todo, la indigencia y la mendicidad es el único futuro.
