18 Sep 2012

Las redadas xenófobas, a juicio



Las Brigadas Vecinales denuncian al Ministerio del Interior por impedir su labor contra las detenciones de inmigrantes



En la estación de metro de Pacífico, al doblar la esquina del transbordo, dos policías, acompañados de un pastor alemán, miran al viandante de arriba a abajo con cara de pocos amigos. A su lado, esperan cabizbajos dos sudamericanos y tres marroquíes. Esta escena se repetía muy a menudo, sobre todo en las estaciones de Nuevos Ministerios, Lavapiés, Usera, Oporto y Avenida de América, hasta que el pasado 21 de mayo, la Dirección General de la Policía publicó una circular que prohíbe los arrestos basados en criterios étnicos. “"Pero a diario continuamos comprobando que las detenciones racistas se siguen realizando”, comenta la portavoz de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos. El colectivo, afín al movimiento 15-M, denuncia que el Ministerio del Interior intenta silenciar su labor multándoles y acusándoles de desorden y violencia. Por ello han presentado una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, donde una veintena de miembros se han concentrado durante una hora a las diez y media de esta mañana.


La legislación establece que las fuerzas de seguridad pueden usar la fuerza bajo los principios de proporcionalidad, oportunidad y necesidad. Los policías deben valorar en cada momento la situación y decidir qué medios usar, por ello todo depende finalmente del punto de vista de los agentes. Las Brigadas Vecinales aseguran que han detectado 144 casos de detenciones por perfil racial a pesar de la circular de mayo. “Hay mucha desinformación: seguimos deteniendo inmigrantes de la misma forma que detenemos españoles”, comenta al respecto el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito. “Los agentes estamos teniendo problemas cuando queremos detener a un extranjero acusado de tráfico de drogas, porque los vecinos nos acusan de racistas y nos atacan”, cuenta Benito en conversación telefónica, “varias veces hemos tenido que salir corriendo de Lavapiés”. La portavoz de las brigadas niega tal afirmación y asegura que su acción es pacífica y se limita a las detenciones por motivos raciales: “cuando vemos indicios de que el detenido ha cometido un delito no intervenimos”.

“Cualquier detención sin un motivo justificado está prohibida por la Constitución”, comenta Alejandra Villaseñor, abogada experta en migración. “Pero lo hacen y lo seguirán haciendo, porque siempre pueden alegar que tenían indicios de que el detenido podía ser un delincuente”. La Policía Nacional asegura que solo efectúan arrestos cuando hay indicios de delitos o faltas. Pero, ¿sería sancionado un policía si realiza un arresto basándose en el perfil racial del detenido? “Ese tipo de pregunta no te la vamos a contestar”, comenta la encargada de prensa, en conversación telefónica.


Las Brigadas Vecinales se reúnen desde 2009, pero han alcanzado repercusión mediática en el verano de 2011, tras el estallido del movimiento 15-M. Desde entonces han impedido sucesivas veces la detención de inmigrantes, sobre todo en el barrio de Lavapiés. Gracias al impulso del movimiento, las brigadas han obtenido mucho más apoyo ciudadano y han logrado que se prohíban las detenciones arbitrarias, pero el Ministerio del Interior ha contraatacado multando a varios miembros del grupo. El grupo tiene pendientes de juicio nueve sanciones administrativas por desorden público y ha sido absuelto de otras cuatro sanciones penales. “En total las multas por desordenes ascienden a 3500 euros. Dicen que molestamos al vecindario, pero solo informamos a la gente”, afirma la portavoz del colectivo, que prefiere no dar su nombre.

Crece la tensión entre vecinos y policías




Tras un año de protestas, la tensión entre los inmigrantes y la policía se desbordó el pasado mayo. El domingo día 27 un par de agentes de paisano llevaban a cabo la detención de un senegalés cuando se vieron increpados por varios vecinos de origen africano. Uno de ellos trató de golpear al policía con una zapatilla y su compañero, asustado, disparó dos veces al aire. Eran las 15.00 en plena calle Amparo, una de las más concurridas del barrio. Según la policía, los agentes se vieron obligados a defenderse de la agresión de una asamblea vecinal vinculada al 15-M. Afortunadamente, la escena quedó captada por una cámara de video. Tras ver el video el Ayuntamiento apoyó y justificó la actuación de los agentes.

“Todo esto puede acabar en un proceso de violencia social y es precisamente lo que quieren impedir estas brigadas de vecinos”, comenta el sociólogo colombiano Iván Forero, colaborador en distintas organizaciones de derechos humanos y ayuda al inmigrante. Según él, el Gobierno fomenta políticas xenófobas para que se vea al inmigrante como el chivo expiatorio de todos los males de la sociedad española. “Y lo peor”, asegura “es que los inmigrantes detenidos van a parar a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), que son las cárceles de los inmigrantes”. Para Forero, el problema surge del vacío legal y la irregularidad administrativa que permite que gente inocente sea detenida, privada de su libertad y confinada en “lugares siniestros” como los CIE. “Ningún ser humano es ilegal. Seguiremos luchando pacíficamente para impedir injusticias. Porque nosotros tenemos la fuerza del derecho y no podemos impedir que impere el derecho a la fuerza”.

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