16 Jun 2012

“Antes muerto que separado de mis hijos”

Los desahucios amenazan la unidad de las familias. La Consejería de Asuntos Sociales ofrece alojar a los hijos en casas de acogida. Una veintena de desalojos han sido aplazados hasta la finalización del curso escolar.




El dominicano Ronale de la Cruz, de 48 años, es un ejemplo de lucha. Así lo sienten los amenazados por desahucios que se reúnen cada martes en el local de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), situado en la calle Bocangel 2 (Ventas) para organizar nuevas acciones contra los desalojos.

Su historia se hizo pública en febrero: “El día 9 salí en los periódicos como si fuera un actor ¡Coño chico! Parecía un comando, había decenas de agentes, teníamos las de perder”, cuenta con una sonrisa pletórica. Esa mañana varios furgones de antidisturbios acudieron a su casa de Villaverde para desalojar a su familia. Desde que perdió el trabajo en 2009, Ronale no pagaba la hipoteca que había contraído con Bankia. De La Cruz llevaba dos años en paro y apenas podía mantener a su familia. No podía ni pagar las excursiones del colegio a sus dos hijas pequeñas, matriculadas en el concertado Nuestra Señora del Carmen, situado en frente de su casa. Cuando la policía estaba a punto de entrar en el edificio, los indignados de la PAH bloquearon el portal e impidieron el paso a los agentes y a la comisión judicial enviada por el banco. Pero fue la mediación de la directora del colegio, Sor Inmaculada -bautizada por el 15M como la monjaflauta- la que convenció a la comisión judicial de aplazar el desahucio hasta el fin del curso escolar. Gracias a ella, sus hijos podrán finalizar su curso. Y hasta el 9 de julio tendrán casa.





Desde ese día Ronale de la Cruz se unió de lleno a la causa. Desde febrero asiste a todos los desahucios que puede para apoyar a las familias amenazadas de desalojo y para tratar de organizarlos. De la Cruz fue el primer caso aplazado hasta el fin de curso y gracias a su ejemplo la PAH, que ya han paralizado más de 230 desahucios en toda España, reivindica en cada nuevo desalojo que se respete la asistencia de los hijos al colegio. Lo han conseguido en una veintena de ocasiones, según afirma Rafael Mayoral, abogado de la plataforma. “Poco a poco las entidades están empezando a aceptar el aplazamiento de los desahucios hasta finalizar el curso escolar, porque supone un gran obstáculo en el proceso educativo de los alumnos”, comenta.

Como consecuencia de estos aplazamientos, a partir del 30 de junio una veintena de familias podrían estar en la calle. Esta acumulación de desahucios puede dificultar la actuación de la PAH, que suele congregar a unos 30 indignados y afectados en cada caso de desalojo. Ni Bankia, ni el Ayuntamiento ni su Conserjería de Asuntos Sociales han dado ninguna explicación.

El nerviosismo y la incertidumbre crecen en las familias. ¿Qué harán si son expulsados de su casa? La mayoría de los consultados se niegan a ocupar ilegalmente una casa. “Sería un infierno tener que estar viviendo con miedo a que nos vuelvan a echar. La recaída sería peor”, comenta la ecuatoriana Teresa Margot, cuyo desahucio está pre-visto para comienzos de julio. Los afectados prefieren intentarlo por la vía legal, pero la solución que les ofrece Asuntos Sociales es demasiado dolorosa: el internamiento de sus hijos en casas de acogida.

La marroquí Hayat M., cuyo piso de Carabanchel puede ser desahuciado el 9 de julio, afirma que la asistenta social le amenazó con llevar a su hija de 6 años a una casa de acogida de menores con problemas. “Me dijeron que me estarían vigilando por si dejo a mis hijos desatendidos. No volví a contactar con Asuntos Sociales nunca más”, comenta Hayat.

Marisol, ecuatoriana de 35 años amenazada de desahucio en la misma fecha que Hayat, afirma que acudió a la oficina de Asuntos Sociales para pedir ayuda. “Me recomendaron dejar a mis dos niños de 5 y 2 años en una casa de acogida. Pero yo prefiero mil veces perder la casa a perder a mis hijos”.

Este periodista consultó con las casas de acogida gestionadas por los colectivos Aldeas Infantiles y el Instituto del Menor (dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales). Ambos aseguraron que no han acogido aún a ningún hijo de desahuciados, pero creen posible que esto ocurra. “Si los padres son tan irresponsables como para vivir en la calle, Asuntos Sociales pueden quitarles la custodia y enviárnosles”, comenta Gracia Escudero, de Aldeas Infan-tiles. El régimen de estas casas de acogida es muy estricto, ya que están especializadas en tratar a menores aban-donados y víctimas de maltratos. “Los padres pueden visitar a sus hijos una vez por semana con la presencia de un educador, incluso a veces pueden venir dos días”, comenta Pilar, del Instituto del Menor.
Fuentes del Samur Social, otro servicio de asistencia a familias necesitadas dependiente del Ayuntamiento, afirman que disponen de centros para acoger a toda una familia sin necesidad de separar a sus miembros. Pero la práctica demuestra lo contrario: la familia de Carmen Castilla, anciana enferma de 77 años, fue desahuciada de su piso en abril junto a sus tres hijas. El Samur Social acogió a la familia durante 25 días tras los cuales les dio de baja. Llevan un mes viviendo en la calle.

Lo que sucederá a primeros del mes de julio es una incógnita. “Puede ser una tragedia o una revolución” comenta Ronale. A pesar de las dificultades a las que se enfrenta mantiene una amplia sonrisa en la cara. Pero cuando se le pregunta por el futuro de sus hijos en el caso de verse en la calle cambia el semblante. ¿Aceptaría que fueran alojados en una casa de acogida? Un largo silencio, el primero en la conversación, se apodera del salón de su casa. Parece que ni se atreve a pensar en ello. “No… no, no, no”, responde al fin, “Antes muerto que separado de mis hijos”.




Reunión de los afectados por desahucio en el local de la PAH.

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